OPINIÓN: CONFLICTO MINERO Y SOCIAL

Desde inicios de la década de los noventa la minería en el Perú asumió un rol protagónico, y cada vez más importante, dentro del escenario político y económico nacional.  A partir de este punto los gobiernos implementaron una serie de reformas que pretendían “facilitar las inversiones orientadas a la exploración de los recursos mineros (…)y a mitigar los impactos  negativos que pudiera tener esta explotación” (Economía y Sociedad 65, CIES, octubre 2007).

Según las fuentes, al año 2001 se tenía información acerca de 47 conflictos relacionados a la actividad minera: 38% en el sur del país, 34% en el norte y 28% en el centro. Para los mismos la minería cobra importancia a partir de fines de la década de los 50, en la zona sur, con el desarrollo del yacimiento de Toquepala. La mirada se vuelca a la zona norte con el desarrollo de yacimientos como Yanacocha, Pierina y Antamina, (Tia Maria no existía ni siquiera en proyecto) en la década de los 90.

De acuerdo a la fuente (Glave, Kuramoto. 2001)  y su mapa de conflictos, estos se generan de acuerdo a:

·          Agua 60%

·          Tierra y territorio 15%

·          Aire 11%

·          Uso alternativo de recursos 6%

·          Participación 6%

·          Accidente 2%

Para los conflictos agua y tierra y territorio se tiene que se relacionan con la manera “en que las empresas compraron o adquirieron las tierras para iniciar sus operaciones”, como en Yanacocha, Antamina y Tintaya. Los relacionados con la calidad de aire implican lugares de fundición o refinadoras, La Oroya e Ilo. El uso alternativo del recurso y la participación se generan por el miedo de la población  con que la actividad minera genere impactos que impidan otras actividades, ya sean reales o potenciales.Como ejemplo se ubica a Tambogrande, desarrollar la mina significaba reubicar a la población y a los fundos agrícolas de producción. Otro ejemplo se dio en Huancabamba (Majaz) ya que la población prefería que se diera espacio a la actividad turística en las lagunas Huaringas, ubicadas en la parte alta de la cuenca.

Otro conflicto se genera por el inicio de operaciones sin previa licencia social, esto ocurre cuando las autoridades autorizan el funcionamiento pero, como la población no ha sido bien informada se rehúsa a que se ponga en marcha la mina.

Los conflictos por accidentes, Choropampa, revelan la falta de previsión de riesgos de la empresa y sus contratistas; Yanacocha es otro ejemplo por la falta de transparencia en el manejo y la compensación por el accidente.

Cuando el conflicto se relaciona al agua, se puede remitir a contaminación por aguas ácidas y el estado de lagos y ríos; empresas de envergadura involucradas son Doe Run y Tintaya, por deposición de relaves en Cañipía.

Otro de los motivos de conflictos sociales relacionados a la minería está relacionado con la distribución del canon minero, puesto que el 10% va para los gobiernos locales del distrito o distritos donde se explota el recurso natural. De ello, 30% debe destinarse a la inversión productiva para el  desarrollo sostenible de las comunidades de la zona.

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

El Canon será distribuido entre los gobiernos regionales y locales de acuerdo a los índices que fije el Ministerio de Economía y Finanzas en base a criterios de Población y Necesidades Básicas Insatisfechas. Su distribución es la siguiente:

·         El 10% del total de canon para los gobiernos locales de la municipalidad o municipalidades distritales donde se explota el recurso natural.

·         El 25% del total de canon para los gobiernos locales de las municipalidades distritales y provinciales donde se explota el recurso natural.

·         El 40% del total de canon para los gobiernos locales del departamento o departamentos de las regiones donde se explote el recurso natural.

·         El 25% del total de canon para los gobiernos regionales donde se explote el recurso natural. De este porcentaje los Gobiernos Regionales deben transferir el 20% a las Universidades Nacionales de su jurisdicción.